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BO 26-03-19

BOLETÍN OFICIAL 26-03-19


MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Resolución 184/2019
RESOL-2019-184-APN-MJ
Ciudad de Buenos Aires, 25/03/2019


VISTO el Expediente N° EX-2019-13677055-APN-DGDYD#MJ, la Ley N° 24.660 de Ejecución de la Pena
Privativa de la Libertad y su última ley modificatoria N° 27.375, la Ley N° 27.308, la Ley de Ministerios N° 22.520
(texto ordenado por el Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, y


CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional ha priorizado, desde el inicio de su gestión, la atención de las necesidades de la
sociedad en materia de seguridad pública y justicia y, con tal enfoque, ha cumplido en impulsar medidas
concretas tendientes a optimizar la satisfacción de tales requerimientos, en el entendimiento de que el Estado
debe contar con herramientas consistentes, prácticas y eficaces de política criminal, para luchar de manera
integral contra el flagelo del crimen organizado.
Que, desde esa perspectiva, fue declarada la emergencia de seguridad pública en la totalidad del territorio
nacional, mediante los Decretos Nros. 228 del 21 de enero de 2016 y 50 del 19 de enero de 2017, sus
modificatorios y complementarios, con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito
complejo y el crimen organizado, que afecta a la REPÚBLICA ARGENTINA.
Que, en el plano legislativo, fueron sancionadas diversas normas en materia penal, procesal penal y de
investigación criminal, tales como: la Ley N° 27.272 por la que se estableció un procedimiento específico para los
casos de flagrancia; la Ley N° 27.304 de modificación del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN por la cual se
incorporó la figura del imputado arrepentido y se dispuso la regulación de los acuerdos de colaboración; la Ley
N° 27.307 de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo
Penal Económico; y la Ley N° 27.319 destinada a brindar a las fuerzas policiales y de seguridad, al MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL y al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN las herramientas y facultades necesarias para ser
aplicadas a la investigación, prevención y lucha contra los delitos complejos, regulando las figuras del agente
encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada y la prórroga de jurisdicción.
Que la problemática en materia de seguridad pública incluye también el ámbito correspondiente a la actuación del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
Que, el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, institución del ESTADO NACIONAL que tiene a su cargo el
gerenciamiento y la administración de los e Ministerio, desarrolla la tarea de dar cumplimiento al objeto definido
en el artículo 1º de la Ley Nº 24.660, modificado recientemente por la Ley N° 27.375, el cual dispone que: “la
ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el
condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y
la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la
sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto”.
Que la población penitenciaria alojada en establecimientos del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL ha
experimentado un incremento significativo en los últimos años. Según datos emanados del Sistema Nacional de
Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era
de DIEZ MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO (10.274) personas, mientras que el Servicio Penitenciario
Federal ha informado que los internos alojados al 13 de marzo de 2019 ascienden a TRECE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES (13.773).
Que la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanza las DOCE MIL DOSCIENTAS
TREINTA Y CINCO (12.235) plazas, lo cual determina una sobrepoblación superior al DOCE POR CIENTO
(12%).
Que en razón de las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para
combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL
a través de los Decretos Nros. 228/16 y 50/17, sus modificatorios y complementarios, y las Leyes Nros. 27.272,
27.304, 27.307 y 27.319, dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso,
proyectándose un crecimiento sostenido de la población carcelaria.
Que, en tal sentido, si bien la implementación del Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de
Corruptibilidad (IRIC) creado en el año 2016 (Boletín Público Normativo N° 671) constituye un hito en materia de
abordaje de la corrupción, las características específicas del dispositivo y de la población penitenciaria alcanzada
–internos con alto poder adquisitivo, participación destacada en grupos de criminalidad económica o criminalidad
organizada, de delitos de corrupción y narcotráfico principalmente, y la capacidad para influir en altas esferas de
poder político, entre otros-, impactan en una disminución de los espacios disponibles en los establecimientos
penitenciarios federales.
Que, asimismo, pese a que en los últimos años se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin
condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales, las estadísticas oficiales del SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL consignan que en la actualidad la cifra asciende al CINCUENTA Y SIETE POR
CIENTO (57 %) de los internos, situación que suele extenderse en el tiempo a raíz de la prolongada duración de
los procesos.
Que, por un lado, las órdenes judiciales de fijación de cupo establecen límites rigurosos a la capacidad de
alojamiento de los establecimientos penitenciarios federales. A su vez, las órdenes de permanencia impiden el
traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país. Estas circunstancias, entre otras,
obstaculizan la planificación y la gestión de la política penitenciaria y, con ello, desencadenan situaciones
caracterizadas por la sobrepoblación de los establecimientos ubicados en determinadas zonas.
Que estas decisiones han superado particularmente la capacidad de alojamiento de los establecimientos
penitenciarios ubicados en la región metropolitana conformada por la CAPITAL FEDERAL y las localidades
adyacentes a ella de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Estas unidades, vale recordar, concentran actualmente
más del SESENTA Y TRES POR CIENTO (63 %) de la población carcelaria en el ámbito federal.
Que la problemática señalada, además, se agudizará una vez que se hagan visibles los efectos de la aplicación
de la Ley N° 27.375, modificatoria de la Ley N° 24.660, que reforma el régimen de progresividad en la ejecución
de la pena privativa de la libertad respecto de un número considerable de personas condenadas.
Que esta situación tiene un correlato en el traslado de las personas detenidas. Al respecto, debe señalarse que la
escasa utilización de la videoconferencia por parte de los magistrados y la limitación de las audiencias al horario
de atención de tribunales han dificultado la logística del Servicio Penitenciario Federal.
Que, adicionalmente, en lo que concierne a las distintas Alcaidías ubicadas en la región metropolitana y al Centro
de Detención Judicial (Unidad N° 28), el incremento en el número de ingresos obedece esencialmente a la
implementación de la Ley N° 27.272, que estableció un procedimiento específico para los casos de flagrancia.
Según lo informado por el Servicio Penitenciario Federal, el flujo mensual promedio de ingresos a la mencionada
Unidad N° 28 supera las SETECIENTAS (700) personas.
Que, a efectos de enfrentar la situación descripta, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha
impulsado una política penitenciaria que incluye grandes inversiones en infraestructura carcelaria como la
construcción del “COMPLEJO FEDERAL DE CONDENADOS DE AGOTE –ETAPA I- MERCEDES- PROVINCIA
DE BUENOS AIRES” con capacidad para MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS (1152) plazas, del “CENTRO
FEDERAL PENITENCIARIO ARGENTINO –CORONDA PROVINCIA DE SANTA FE” con capacidad para
CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS (462) plazas penitenciarias.
Que, en el mismo sentido, en orden a ubicar los establecimientos penitenciarios fuera de los cascos urbanos y
propiciar el incremento de plazas penitenciarias en un establecimiento acorde a las políticas penitenciarias
actuales, se suscribió el Convenio de Colaboración entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), registrado como CONVE-2018-10825744- APNDDMIP#MJ, por el que se propició la relocalización de los servicios penitenciarios del Complejo Penitenciario
Federal de CABA (Complejo Devoto), y su traslado al nuevo Complejo Penitenciario Federal V de Marcos Paz,
con capacidad para DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA (2240) plazas de alojamiento.
Que, asimismo, conforme lo comprometido en el Convenio de Colaboración MJYDH N° 1280 del 3 de junio de
2015 y el Acta Acuerdo de Cesión CONVE-2017-02894304-APN-DDMIP#MJ celebrados entre este MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, por conducto de la Resolución
N° RESOL-2018-303-APN-MJ se procedió a la desafectación del uso penitenciario del inmueble sobre el cual se
emplazaba la Prisión Regional del Sur (U.9), y se produjo el traslado de los internos allí alojados al Complejo
Penitenciario de Senillosa –otrora provincial, hoy federal-, lo que redundó en un incremento de TRESCIENTAS
NOVENTA Y CUATRO (394) plazas penitenciarias.
Que, a su vez, por conducto del Convenio de Colaboración Administrativa entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y la PROVINCIA DE MENDOZA CONVE-2016-05118102- APN-DDMIP#MJ,
oportunamente ratificado por los Decreto Nros. 1339 del 30 de diciembre de 2016 y 125 del 10 de febrero de
2017, se encomendó a la citada Provincia la continuación y conclusión de la obra “Centro Federal Penitenciario
de Cuyo –Luján de Cuyo- PROVINCIA DE MENDOZA”. En el marco de tal Convenio, en el mes de octubre de
2018, la Provincia hizo entrega a este Ministerio de diversos sectores, ya concluidos, del Complejo de Cuyo, lo
que redundó en un incremento de TRESCIENTAS CINCUENTA DOS (352) nuevas plazas de alojamiento
penitenciario.
Que, desde el inicio de la presente gestión de gobierno, se han emprendido acciones con la AGENCIA DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO destinadas a localizar inmuebles en condiciones de ser
readecuados para el alojamiento de personas privadas de la libertad. En ese marco, en respuesta al
requerimiento cursado por el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (IF-2018-42014150- APNDGA#SPF),
mediante la Resolución N° RESFC-2018-479-APN-AABE#JGM la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
DEL ESTADO afectó y asignó en uso a este MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS –
DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL- un inmueble ubicado en la localidad de
Fray Luis Beltrán, Departamento de ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, con el objeto de instalar allí un
establecimiento penitenciario, con capacidad de CIENTO OCHENTA (180) plazas. En idéntico sentido, a través
de los Expedientes Nros. EX -2018- 67688703-APN-DMEYD#AABE y EX -2018-19343827-APN-DMEYD#AABE
tramitan, respectivamente, requerimientos de asignación en uso penitenciario de un inmueble sito en la localidad
de GUADALUPE, DEPARTAMENTO CAPITAL, PROVINCIA DE SANTA FE, por TRESCIENTAS CUARENTA
(340) plazas de alojamiento, y un polígono de un predio ubicado en Las Talitas, Tafí Viejo, PROVINCIA DE
TUCUMÁN, por el que se propicia sumar CUATROCIENTAS VEINTICUATRO (424) nuevas plazas.
Que, paralelamente, se ha promovido la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para
grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con
discapacidad. A dicho efecto, se impulsó la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica, aumentándose los
servicios diarios de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas.
Que, en tal sentido, mediante la Resolución M.J.y D.H. N° 86 del 23 de marzo de 2016 se amplió a todo el
territorio nacional el ámbito de aplicación del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, y
por conducto de la Resolución RESOL-2016-808-E-APN-MJ se aprobó el Protocolo para la Asignación Prioritaria
del Dispositivo Electrónico de Control en el Marco de la Implementación del Programa de Asistencia de Personas
Bajo Vigilancia Electrónica, tendiente a fijar un orden preferencial y no excluyente de asignación de dispositivos
que asegure la incorporación al Programa de colectivos de personas que se encuentren en particulares
condiciones de vulnerabilidad. Estas medidas proporcionan una herramienta idónea para incrementar el número
de plazas, y se encuentran a disposición del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, para que sean utilizadas en su
totalidad.
Que mediante la Licitación Pública N° 32-0004-LPU17 tramitó la contratación de la provisión de hasta DOS MIL
CUATROCIENTOS (2400) servicios diarios de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas
procesadas y/o condenadas, autorizándose la ampliación del VEINTE POR CIENTO (20%) por conducto de la
Resolución N° RESOL-2018-962-APN-MJ, lo que importó la contratación de hasta DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA (2880) dispositivos. Finalmente, cabe señalar que mediante el expediente N° EX -2019-12010534-
APN-DAPVE#MJ tramita la Licitación Pública tendiente a elevar a SEIS MIL (6000) la cantidad de servicios
diarios de vigilancia electrónica.
Que, conforme lo expresaron los representantes de las Provincias en el último encuentro del Consejo Federal de
Justicia (COFEJUS) celebrado el 25 de febrero del corriente año en esta Ciudad, los Servicios Penitenciarios
locales atraviesan problemáticas similares a las que aquí se describen en el ámbito federal, lo que se ve
agravado por el incremento de internos a disposición de la Justicia Federal alojados en establecimientos
carcelarios provinciales, cuyo número asciende actualmente a DOS MIL SETECIENTOS (2700).
Que, en el marco de cooperación con las Provincias, este MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
celebró VEINTIÚN (21) Convenios de Asistencia Técnica y Financiera, en virtud de los cuales, desde el año 2016,
se entregaron MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES (1893) dispositivos de vigilancia electrónica.
Que, por otra parte, no puede soslayarse que el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL mantiene bajo su
custodia la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE (6567) personas privadas de libertad en
cumplimiento de resoluciones judiciales dictadas en causas cuyo trámite se ha cumplido o se diligencia ante la
justicia ordinaria en materia penal que, en el ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ejercen
todavía los órganos del PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN con competencia en lo criminal y correccional.
Que, a partir de la Reforma Constitucional del año 1994, el rasgo de transitoriedad que reviste el encuadre de los
referidos tribunales en la organización de la Justicia Nacional, ha sido señalado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la sentencia dictada el 9 de diciembre de 2015 en la causa “Corrales” (Fallos:
338:1517, voto de los jueces Lorenzetti y Maqueda) y en reiterados pronunciamientos posteriores (causas “N.N. y
otros s/averiguación de delito – Damnificado: Nisman, Alberto y otros” –Fallos: 339:1342–; “Sapienza” –Fallos:
340:103–; “Mizrahi” –Fallos: 341:32–; y “José Mármol 824 (ocupantes de la finca)”.–Fallos: 341:611–). En tales
precedentes, se afirma que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la CAPITAL FEDERAL es
meramente transitorio.
Que, no obstante tal característica, mientras no pueda concretarse el traspaso de los aludidos órganos judiciales
al ámbito de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el alojamiento y la custodia de las personas privadas
de libertad por disposición de los tribunales nacionales en lo criminal y correccional con asiento en dicha Ciudad
continúa a cargo del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, hecho que también resiente las capacidades físicas
de alojamiento de personas con las que cuenta dicho organismo.
Que, a pesar de los esfuerzos realizados, el déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia
intracarcelaria.
Que, en consecuencia, y dado el deber indelegable del ESTADO NACIONAL de garantizar la plena observancia
de los derechos y garantías constitucionales de las personas privadas de la libertad, corresponde declarar la
emergencia en materia penitenciaria, de conformidad con lo propiciado por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y la opinión concordante de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS
PENITENCIARIOS Y RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA, y de la
SECRETARÍA DE JUSTICIA.
Que, en ese marco, se justifica la adopción de medidas urgentes que permitan resolver con agilidad los
problemas suscitados, con respaldo en las disponibilidades financieras que brinda a la Jurisdicción el sistema de
cooperación reglado por las Leyes Nros. 23.412 y 23.283.
Que, asimismo, resulta necesario conformar una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, con la
finalidad de que se analice la situación descripta y se propongan políticas públicas tendientes a superarla.
Que, en atención a las competencias asignadas al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA en el artículo 17 de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92), y sus modificatorias,
y a tenor de lo prescripto en el apartado V del Anexo II al artículo 2° del Decreto N° 174 del 2 de marzo de 2018,
se impone invitar a la referida cartera de Estado a participar en dicha Comisión.
Que, asimismo, se estima apropiado invitar también al MINISTERIO DE HACIENDA y al MINISTERIO DE
SEGURIDAD a participar en la mencionada Comisión, en orden a sus respectivas competencias.
Que, conforme surge del Apartado XIV del Anexo II al artículo 2° del Decreto N° 174/18, la SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS PENITENCIARIOS Y RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA
dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA de este Ministerio se encuentra facultada para “intervenir en la
administración y funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y coordinar las acciones con los
servicios penitenciarios provinciales y el CONSEJO FEDERAL PENITENCIARIO” (punto 5).
Que, en razón de ello, corresponde instruir a la referida SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y
RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA para que, en el marco de sus
competencias, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia que se declara por
el presente acto, facultando a su titular a autorizar el inicio de los procedimientos de contratación y los gastos que
de ellos se deriven, en el marco del Sistema de Cooperación reglado por las Leyes Nros. 23.412 y 23.283.
Que, en particular, se impone encomendar a dicha Subsecretaría que realice las gestiones necesarias ante la
PROVINCIA DE MENDOZA para la culminación total y posterior entrega de la obra Centro Federal Penitenciario
de Cuyo -Luján de Cuyo- PROVINCIA DE MENDOZA, con miras a disponer de la totalidad de los sectores que
componen el referido establecimiento carcelario.
Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico de este Ministerio.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 4°, inciso b), apartados 1,
6, 9, 12, 15 y 22, y del artículo 22, incisos 1 y 13, de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del
12 de marzo de 1992), y sus modificatorias.


Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Declárase la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de TRES (3) años a partir de la
publicación de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Confórmase, en el ámbito de la SECRETARÍA DE JUSTICIA una Comisión de Emergencia en
Materia Penitenciaria, que una vez constituida deberá reunirse quincenalmente desde la entrada en vigencia de la
presente, durante el período establecido en el artículo 1°.
A los fines expresados en el primer párrafo de este artículo, se dispone que integrarán la Comisión, por este
Ministerio, UN (1) representante de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y RELACIONES
CON EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA, dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA, y
UN (1) representante de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL. Con la misma
finalidad, se invita al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, al MINISTERIO DE
HACIENDA y al MINISTERIO DE SEGURIDAD a participar en dicha Comisión, mediante la designación de UN
(1) representante cada uno.
La Comisión se constituirá de inmediato una vez recibidas las comunicaciones correspondientes a la designación
de uno o sendos representantes de los Ministerios invitados de acuerdo a lo dispuesto en el segundo párrafo de
este artículo.
La Comisión tendrá por objetivo analizar la situación actual y facilitar la coordinación entre los diferentes órganos
del ESTADO NACIONAL intervinientes en la materia penitenciaria federal para la elaboración de propuestas de
políticas públicas tendientes a:
a) resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario Federal;
b) mejorar las condiciones de privación de la libertad;
c) promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos
vulnerables.
ARTÍCULO 3°.- Invítase a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, a la CÁMARA FEDERAL DE
CASACIÓN PENAL, a la CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA
CAPITAL FEDERAL, a la PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN, a la COMISIÓN DE CÁRCELES
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA y a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN a designar UN
(1) representante cada uno para integrar la Comisión referida en el artículo 2°.
ARTÍCULO 4°.- El señor Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la
Comunidad Académica cursará las comunicaciones correspondientes a las invitaciones dispuestas en los
artículos 2°, segundo párrafo in fine, y 3° del presente acto.
ARTÍCULO 5°.- Instrúyese a la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y RELACIONES CON EL
PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA, de este Ministerio, para llevar a cabo, en el marco de sus
competencias, las acciones necesarias para hacer frente a la emergencia que se declara por el artículo 1°. A
dicho fin se faculta al señor Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la
Comunidad Académica para que, en el marco del Sistema de Cooperación reglado por las Leyes N° 23.412 y
23.283, autorice el inicio de los procedimientos de contratación que resulten pertinentes y los gastos que de ello
se deriven.
ARTICULO 6°.- Encomiéndase a la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y RELACIONES CON
EL PODER JUDICIAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA la realización de las gestiones necesarias ante la
PROVINCIA DE MENDOZA para la culminación total y posterior entrega de la obra Centro Federal Penitenciario
de Cuyo -Luján de Cuyo- PROVINCIA DE MENDOZA.
ARTÍCULO 7°.- El MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicitará a los organismos de la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL la colaboración que se estime necesaria para la implementación de las
acciones que se lleven a cabo como consecuencia de la instrucción brindada en el artículo 5°, y de las propuestas
que formule la Comisión convocada por el artículo 2°, ambos de la presente resolución.
ARTÍCULO 8°.- Elévase copia auténtica de este acto al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por medio de la
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
ARTÍCULO 9°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
ARTÍCULO 10°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Germán Carlos Garavano
e. 26/03/2019 N° 19319/19 v. 26/03/2019
Fecha de publicación 26/03/2019

MINISTERIO PÚBLICO
Decreto 224/2019
DECTO-2019-224-APN-PTE - Acéptase renuncia.
Ciudad de Buenos Aires, 25/03/2019
VISTO el Expediente Nº EX-2019-14665426-APN-DGDYD#MJ, y
CONSIDERANDO:
Que la señora doctora Cecilia Leonor MAGE, ha presentado su renuncia, a partir del 1° de abril de 2019, al cargo
de DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ADJUNTA ANTE LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA N° 11.
Que es necesario proceder a su aceptación.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de abril de 2019, la renuncia presentada por la señora doctora Cecilia
Leonor MAGE (D.N.I. N° 12.076.554), al cargo de DEFENSORA PÚBLICA OFICIAL ADJUNTA ANTE LOS
TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA CAPITAL FEDERAL, DEFENSORÍA
N° 11.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. MACRI -
Germán Carlos Garavano
e. 26/03/2019 N° 19510/19 v. 26/03/2019
Fecha de publicación 26/03/2019

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